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L a P e d r @ d a

Mercenarios modernos

Miguel Marín Bosch *
2004-06-11


El escándalo inicial y ahora crisis mayúscula del abuso y tortura en la prisión Abu Ghraib, cerca de Bagdad, ha tenido consecuencias inesperadas. Ha sacado a la luz pública un aspecto poco conocido de la invasión de Irak por las fuerzas de la coalición encabezada por Estados Unidos.

Ahora resulta que, entre los acusados inicialmente de malos tratos a prisioneros, figuran dos individuos que no son miembros de las fuerzas armadas estadunidenses. Son parte de un creciente cuerpo de civiles contratados por el Pentágono. Se sabe que tan sólo en actividades de seguridad en Irak hay unos 20 mil empleados que han sido reclutados a través de compañías privadas: los llamados "contratistas militares". Por ejemplo, los encargados de la seguridad personal de L. Paul Bremer son ciudadanos particulares.

Para poder trabajar para el ejército estadunidense en tareas de seguridad, análisis político, interrogatorios a presos y traducción es menester contar con autorización previa del gobierno. Actualmente hay arriba de 200 mil individuos esperando esa certificación del Pentágono. El trámite tarda un año.

Uno de los civiles acusados en el caso de la cárcel de Abu Ghraib es un traductor contratado de una compañía vinculada a la Titan Corporation, con sede en San Diego, California. Fundada en 1981, Titan es un proveedor de servicios y productos militares. Es un negocio exitoso, ya que en el primer trimestre de este año obtuvo ganancias por más de 450 millones de dólares, un incremento de 21 por ciento.

Con el fin de la guerra fría se ha venido acelerando el desarrollo de una nueva y poco conocida industria. Se trata de compañías proveedoras de servicios militares privados que se agrupan bajo el rubro de la industria militar privatizada. Por ejemplo, hace un par de años la Oficina del Exterior publicó un estudio en el que señalaba la posibilidad de que el gobierno británico recurriera a los servicios de una compañía privada en un conflicto o que lo hiciera una institución internacional como la Organización de Naciones Unidas.

No se trata de mercenarios en el sentido clásico de la palabra. Esos son los que se inmiscuyeron en las crisis que vivieron varios países africanos tras su independencia. Tampoco son como los veteranos de Playa Girón y Vietnam, que luego aparecieron en las guerras centroamericanas de hace dos décadas. Los mercenarios de hoy son personas que no sólo han recibido buen entrenamiento y están bien organizadas, sino que forman parte de una compañía legalmente constituida que ofrece sus servicios a gobiernos, grandes corporaciones y organizaciones no gubernamentales.

El estudio más completo de esta industria militar privatizada quizás sea el libro que publicó el año pasado Peter Singer, titulado Corporate Warriors. En un mundo en que los ejércitos de las principales potencias militares no se dan abasto, no es extraño que muchos dirigentes políticos empiecen a pensar en contratistas militares. Pero una cosa es proporcionar ayuda logística, inteligencia militar, tareas policiacas, intérpretes o alimentos, y otra, muy distinta, participar en operaciones de combate. Y aquí es donde Singer insiste en la necesidad de establecer reglas del juego claras. Cuando los integrantes de un ejército nacional cometen crímenes de guerra, su propio ejército se encarga de juzgarlos. Pero ¿quién juzga a los contratistas, sobre todo cuando son de diversas nacionalidades? Singer también plantea la posibilidad, al igual que la Oficina del Exterior, que quizás sería útil que la ONU considerara contratar a compañías militares privadas para llevar a cabo aquellas operaciones de mantenimiento de paz en las que los miembros de la organización se resisten a participar.

No son muchas las compañías que han participado en combates. Una se llamaba Executive Outcomes (EO). Participó en varias operaciones militares en Africa y tuvo sonado éxito en Sierra Leona cuando, en 1995, evitó la derrota del ejército del gobierno ante los rebeldes del Frente Revolucionario Unido (FRU). EO había sido contratado por el gobierno de Sierra Leona por tres meses, pero logró sus objetivos en un par de semanas.

Fundada en 1989, EO tenía su sede en Sudáfrica. Con el fin del régimen del apartheid, reclutó a muchos militares de la Fuerza de Defensa de Sudráfica a los que les pagaba muy bien. De pronto, a finales de 1998, EO dejó de existir. Nunca se supo la razón de su desaparición, pero se cree que su imagen de ejército de la era del apartheid no era compatible con los esfuerzos del gobierno de Nelson Mandela.

Hoy en día hay varios centenares de compañías como EO. Operan en más de 100 países y sus ganancias anuales suman más de 100 mil millones de dólares. En México, como en Colombia, se dice que hay compañías militares privadas que asesoran a algunos de los cárteles de drogas. Algunas corporaciones grandes de nuestro país, como José Cuervo, han contratado ejércitos privados. Pero hay una afirmación en el libro de Singer que preocupa más y quizás amerite una investigación a fondo. Dice que "... el gobierno mexicano negoció con Executive Outcomes para conseguir ayuda para apaciguar la rebelión en Chiapas". ¿Será cierto?

*Ex subsecretario de Relaciones Exteriores e investigador de la Universidad Iberoamericana

LA JORNADA de México - 10 de Junio de 2004
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